¿Derrocarlo?
Los extremos, sin duda, se juntan. El crimen organizado ha ido escalando en el país. Cada día pone en práctica acciones más violentas, sangrientas y radicales. Pero lo que es peor: su estrategia ha comenzado a sufrir un viraje preocupante, porque a diferencia de hace algunos meses, la delincuencia ha empezado a politizar sus mensajes para desestabilizar el país. Cada vez es más evidente que busca la eliminación física y/o institucional del gobierno y del Presidente de la República.
Sus pretensiones encuentran similitud con lo que ha venido proponiendo desde el 2006 Andrés Manuel López Obrador y los integrantes más radicales del Frente Amplio Progresista. Aunque López Obrador dice hoy que él no busca el derrocamiento de Felipe Calderón, lo cierto es que lleva casi dos años trabajando en ahondar su debilitamiento.
Cierto es, como él mismo lo dice, que Calderón por la ineficacia de su equipo de gobierno puede caerse solo. Pero es una verdad inobjetable que López Obrador y la militancia fanática e intolerante que lo sigue utilizan cada semana y cada día para fortalecer en la consciencia social, la idea de que se trata de un presidente espurio.
Y si el jefe del Ejecutivo es espurio también son espurias las instituciones que preside. Insistir en la ilegitimidad de un gobierno le viene como anillo al dedo al narcotráfico. La fragilidad institucional provocada por la falta de respetabilidad a un jefe de Estado, a las instituciones, a los símbolos, a las leyes, es la materia prima de la que se alimenta y crece la industria del crimen o cualquier tipo de mafia. Así que para decirlo de una sola vez: López Obrador no sabe para quién trabaja.
Las llamadas narcomantas que últimamente han aparecido de manera sincronizada en varias ciudades del país ya no están dirigidas a los traidores de los cárteles, tampoco a los policías corruptos, sino a las más altas autoridades del gobierno federal y de los gobiernos locales.
Es decir, el narcotráfico ya dio un salto hacia la politización del combate que enfrenta. Ya comenzó a dar los nombres de funcionarios que protegen a cárteles adversarios. El crimen organizado ya se llevó la guerra a otro terreno: al terreno de lo político y de lo mediático, para desde ahí profundizar el estado de confusión social y la falta de credibilidad en todo y en todos, también obviamente en el gobierno calderonista.
El trabajo que está realizando en el mismo sentido López Obrador hace que la cola y la cabeza de la serpiente se junten cada vez más hasta que, efectivamente, el círculo se cierre.
Dicho esto, habría que suponer que la caída de Calderón lejos de beneficiar al perredista le abriría de par en par las puertas a ese poder oscuro que ya se encuentra incrustado en varias partes de la vida nacional. Cuando menos, casi nada, en el sistema financiero mexicano y en el sistema electoral.
Tirar al Presidente de la República antes del 2009 o antes del 2012 —como algunos proponen— significaría, en las condiciones actuales, entregar la conducción del país al crimen organizado.
Decir esto no significa eximir a Calderón de responsabilidad. El Presidente de la República se encuentra ante una delicada disyuntiva: captura a los verdaderos narcos, los expulsa del aparato económico, jurídico y político, recupera para la ciudadanía las calles, las ciudades y los pueblos, o los narcos se encargarán —ellos sí— de sacarlo a él.